Representantes de siete universidades, en donde se imparte la carrera de Derecho en esta región, atendieron el llamado hecho por la Universidad Autónoma de Bucaramanga con el fin de propiciar la reflexión al interior de estas facultades y definir un plan de trabajo conjunto que atienda las necesidades de formación.
Como una “vergüenza nacional” calificó el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Alberto Montoya Puyana, la grave situación que atraviesa la justicia colombiana a raíz de los casos de corrupción en los que se han visto involucrados magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El señalamiento se produjo durante la instalación de la primera sesión de trabajo de los decanos de las diferentes facultades de Derecho de la región que acudieron, este martes 3 de octubre, a la convocatoria liderada por la UNAB con el fin de analizar la crisis que enfrenta el ejercicio de la profesión de abogado, a raíz de los recientes escándalos.
En la reunión, cuyo objetivo era establecer opciones para abordar la problemática desde la visión propia de la academia, se plantearon diferentes reflexiones. En primer lugar los decanos coincidieron en afirmar que “no estamos escondiendo ninguna culpa”, por el contrario, reconocen que en muchas universidades “nos hemos quedado con el saber y el hacer, pero no en el ser”, tal como lo manifestó Marien Yolanda Correa Corredor, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga.
Entretanto, Jorge Eduardo Lamo Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAB, hizo un llamado a la sensatez y reclamó que “no se puede llegar a una cacería de brujas a merced de la profesión de abogado”. Para Lamo “la justicia y la ética no pueden ser un problema que quede en manos del partidismo político” y llamó a sus colegas para hacer un frente de estudio común.
Otro de los puntos de coincidencia es que este es un problema de valores que “no es exclusivo de los programas de Derecho”, dijo Fernando Rueda Pinilla, de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Para Pedro Antonio García Obando, director de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS, “la pregunta es para toda la educación del país”. Según Obando, “no se ha puesto en práctica a nivel curricular la formación ciudadana, que es deber de las universidades”.
Los decanos, entre otros puntos, reconocieron que con un curso de ética no se soluciona un problema de fondo, mucho menos una reforma a la justicia que, seguramente, será insuficiente. Tampoco están de acuerdo con la “compresión” de las carreras a cuatro años y reclamaron más protagonismo de las universidades en las decisiones del Estado.
Luego de las reflexiones se establecieron acuerdos para continuar con estas sesiones conjuntas de trabajo, con tareas específicas, para buscar procesos conjuntos de investigación sobre nuevos escenarios de ética, conferencias para estudiantes y coloquios para profesores, como primeras acciones a emprender. En la reunión también estuvieron presentes Carmen Sofía Lancheros, de Unsangil; Eliana Gisela Aguilar, de la Universidad Manuela Beltrán; Johana Sarit Riaño, de la Universidad Santo Tomás; Guillermo Barón, de Uniciencia, y los docentes Camilo Quiñonez Avendaño, David Augusto Peña y Ángela Patiño Quiroz, de la UNAB.